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CON EL PIE IZQUIERDO: DAÑOS COLATERALES · 17/04/2018

En febrero de 2016 se celebraron en Ciudad de México los I Encuentros Iberoamericanos redfundamentos. Tuvieron lugar los días 24 y 25 de febrero. Durante la primera jornada se desarrolló un ciclo profesional en el Centro Cultural de España. Su objetivo era: “la transferencia de experiencias relacionadas con la arquitectura, la rehabilitación, el urbanismo y la gestión cultural en el ámbito iberoamericano”.

En este contexto, y hablando sobre arquitectura pública y sus organismos promotores, Fernando Aboitiz, entonces titular de la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México, planteó un problema en referencia a los concursos de arquitectura: “No hay visión a largo plazo, no se mira más allá de una legislatura”.

En lo relativo a esta cuestión se extrajo una clara conclusión: sean las alcaldías, los gobiernos federales o el gobierno estatal los organismos promotores de concursos, efectivamente no hay (había en aquel momento) carrera de servicio público. No se mira a largo plazo. Los gobernantes quieren empezar y terminar las obras durante sus legislaturas con el objeto de usarlas en la campaña como apoyo para su reelección. Ningún gobernante continúa con las obras iniciadas en periodos anteriores, lo que implica que en tres años (en el caso de las alcaldías) o seis (en el caso de los gobiernos federales) deben convocarse los concursos, seleccionarse al ganador, elaborarse el proyecto y construirse la obra. El resultado de esta situación: muchas obras inconclusas y proyectos terminados deprisa y mal.

Tal vez esta no sea una realidad en otros países iberoamericanos. Que las obras queden a medias o se terminen deprisa y mal puede ser algo extremo. Pero es cierto que, al menos en España, cuando se acercan elecciones, las obras proliferan. Las ciudades se abren en canal para mostrar al pueblo que se trabaja por y para él. Esto, lógicamente, afecta a muchos arquitectos, entre otros profesionales. La arquitectura, cuando es pública, está intrínsecamente ligada a la política, a los políticos, y a su vida “profesional”. Y esto es algo que posiblemente ellos no tengan tan presente.

Desde el comienzo de la democracia, han surgido en España multitud de casos de corrupción en el entorno de los partidos políticos, de los que se han hecho eco los medios. Entre ellos, tal vez los más destacados (en orden cronológico) hayan sido el caso de los fondos reservados, el Caso Filesa, el caso Guerra, el caso Ibercorp, el caso GAL, el caso Naseiro, el caso del Lino, el caso Malaya, el caso Gürtel, el caso Bárcenas, el caso Pretoria, y, más recientemente, el caso de los EREs, el caso Campeón, el caso Brugal, el caso Pokémon o la operación Púnica.

Algunos de estos casos están vinculados con el mundo de la construcción. Otros no. Pero eso no es lo importante. Tampoco lo es la dimensión del “delito” (en paralelo a estos grandes casos han surgido también otros menores de ilegalidades de todo tipo atribuidas a políticos). Lo verdaderamente importante en el mundo de la arquitectura es que esos políticos implicados estén ejerciendo en ese momento un cargo público y que ese cargo lleve atribuida potestad para poner en marcha proyectos.

Cuando se acercan elecciones se pisa el acelerador de la construcción pública pero, cuando se ganan unas elecciones, los políticos electos se hacen unos propósitos, se plantean unos proyectos que desarrollarán durante sus años en el poder. Y esos proyectos empiezan a tomar forma, e implican a un grupo considerable de profesionales, arquitectos entre ellos, y a sus estudios, y su tiempo, y su trabajo. Aunque no se haya puesto todavía una piedra. Puede haber meses, años de trabajo detrás. El día que un político es acusado de cualquier ilegalidad, sea del tamaño que sea, cuando los medios dan a conocer tal acusación y su rectitud se pone en entredicho, el freno se pisa también a fondo, sine die. No es habitual en el caso de proyectos que han comenzado a construirse. No se quedan a medias. Pero sí en los proyectos en ciernes. Y esto no es exclusivo del entorno arquitectónico, ocurre en todos los ámbitos, quedando en saco roto el trabajo de muchos profesionales.

Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid entre el 26 de septiembre de 2012 y el 25 de junio de 2015, y delfín de Esperanza Aguirre, heredó su cargo cuando esta dejó la primera línea de la política. Su gran proyecto fue la Ciudad de la Justicia, que recuperaba la idea original de Aguirre. El macrocomplejo, de más de 200.000 metros cuadrados, aglutinaría 356 juzgados y tribunales y el Instituto de Medicina Legal. En febrero de 2015 se dio luz verde a la licitación pública del concurso para construirlo. El proyecto finalmente se la adjudicó a OHL-Acciona. Las sospechas de corrupción en torno al presidente regional apartaron a Ignacio González de la presidencia y el proyecto volvió a caer en saco roto. Su sucesora, Cristina Cifuentes, y el nuevo gobierno autonómico, no ratificó la adjudicación de las obras.

En enero de 2018, el diario La Información anunciaba que Cifuentes trabajaba en un nuevo proyecto mucho más contenido. No se ha vuelto a saber nada al respecto, aunque la situación actual de la presidenta de la Comunidad de Madrid tal vez vuelva a hacer que caiga en el olvido.

Francisco Camps impulsó en el año 2009 el conocido como Plan Confianza, que implicaba la inversión de 1.020 millones de euros en dos años en obras seleccionadas por los ayuntamientos de la Comunicad Valenciana. El objetivo no era otro que el de reactivar la actividad en tiempos de crisis, paliando la destrucción de empleo y mejorando las infraestructuras. En el año 2011 Camps dimite por su imputación por cohecho en “el caso de los trajes” vinculado a la trama Gürtel (una imputada en el caso afirmó que se le pagaron 30.000 euros en trajes). El nuevo gobierno, dirigido por Alberto Fabra, prolonga la inversión hasta el fin de la legislatura (2015). En mayo de 2017 el plan llegó a Dénia, según publicaba el diario El Mundo.

Realmente no estamos tan lejos de lo que decían aquellas conclusiones de los Encuentros Iberoamericanos. Entre los políticos españoles, por desgracia, no hay tanta carrera, tanto afán de servicio público como debería. Si lo hubiera no arriesgarían su puesto y esa capacidad de servir.

Arquitectos, ciudadanos, cuidado con los concursos, se aproximan elecciones.

— El cuervo negro

Fotografía: © Fondation Le Corbusier

Detalles de la noticia

Autor de la publicación:
redfundamentos  

Fecha de publicación:
4/17/2018

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